Una cuestión crítica es la confluencia de la salud conductual y el sistema de justicia penal.

Tenemos un porcentaje alto de personas encarceladas que padecen una enfermedad mental, adicción a las drogas o ambas, y sin el tratamiento adecuado para las cuestiones de salud conductual estos delincuentes no se recuperarán y probablemente reincidirán en la criminalidad. Esta situación es al mismo tiempo una cuestión de seguridad pública y de salud pública, además de un desafío económico y moral que debemos enfrentar y resolver.

A continuación se muestran algunas estadísticas a nivel nacional y local para dar cierta idea de la magnitud del problema:

• Nacionalmente: 1 de cada 100 ciudadanos estadounidenses está preso, en cárcel o prisión (más de 2.3 millones en total). Los Estados Unidos encarcelan a más personas per cápita que 26 de las naciones europeas más grandes juntas.
• En Nuevo México el índice de encarcelación es solo ligeramente mejor pues tenemos 1 de cada 150 ciudadanos presos (más de 13,000 personas se encuentran encarceladas en Nuevo México, con un número mayor de estas personas en las cárceles del condado que en nuestras prisiones estatales). Un informe reciente del Comité legislativo de finanzas, o LFC, se enfoca en las personas encarceladas en las prisiones estatales e identifica una cuestión clave: [1]
  • El noventa y cinco por ciento (95%) de los delincuentes encarcelados serán liberados y regresarán a la comunidad.
  • El cincuenta por ciento (50%) de los delincuentes regresarán a prisión en los cinco años siguientes a su liberación. El delincuente promedio regresa a una institución correccional en Nuevo México tres veces, mientras que otros lo hacen con más frecuencia.
    • Los ciudadanos de Nuevo México, por lo tanto, pagarán por el costo de detener, procesar, alojar, rehabilitar y supervisar a los delincuentes repetidas veces. Una evaluación delprograma realizada por el LFC en 2012 calculó que si continúa la tendencia actual, los delincuentes puestos en libertad en el año fiscal 2011 costarán a los contribuyentes aproximadamente $360 millones, en costos correccionales solamente, durante los próximos 15 años.
      • La reducción de la reincidencia, aunque solamente fuera de un diez por ciento (10%), puede ahorrar millones.
  • Como indica el informe del LFC, investigaciones rigurosas han demostrado que algunos programas y estrategias reducen la reincidencia y mejoran la seguridad pública.
• Todo esto nos hace regresar a la cuestión de la salud conductual de los presos, ya que la adicción a las drogas y las enfermedades mentales sin tratamiento son los impulsores ocultos de gran parte del índice de reincidencia identificado en el informe del LFC, así como de los costos adicionales que recaen sobre los contribuyentes de Nuevo México:
  • Si examinamos nuevamente los datos a nivel nacional
    • El ochenta por ciento (80%) de los delincuentes abusan de las drogas o del alcohol, y
    • Casi el cincuenta por ciento (50%) de los presos en cárceles o prisiones están clínicamente adictos.
    • Aproximadamente el noventa y cinco por ciento (95%) vuelven a usar drogas después de su puesta en libertad, y
    • Del sesenta al ochenta por ciento (60% a 80%) de quienes abusan de las drogas cometen un nuevo delito después de su puesta en libertad.
  • Es obvio que el abuso de las drogas sustenta en gran parte el índice de reincidencia al que se ha hecho referencia anteriormente. Un elemento adicional a tener en cuenta, y que señala otro factor que hace aumentar los costos, es el número de delincuentes con problemas de salud mental:
    • En cualquier momento, entre 300,000 y 400,000 personas con enfermedades mentales están encarceladas en cárceles o prisiones en los Estados Unidos y más de 500,000 personas con enfermedades mentales están bajo control correccional en la comunidad. [2]
    • El índice de enfermedades mentales graves es de dos a seis veces superior entre las poblaciones de presos que entre el público en general (el 14.5% de los hombres y el 31% de las mujeres encarcelados).
      • En una encuesta del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se calculó que el dieciséis por ciento (16%) de los presos estatales padecen una enfermedad mental.
      • En encuestas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y de SAMHSA (Secretaría de servicios de salud mental y abuso de sustancias) se calculóy que el nueve por ciento (9%) de las personas en libertad probatoria y el siete por ciento (7%) de las personas en libertad bajo palabra tienen problemas de salud mental graves. [3]
    • Relacionado con el punto anterior sobre la reincidencia asociada con el uso de drogas, más del setenta por ciento (70%) de las personas encarceladas que padecen una enfermedad mental grave sufren también una afección simultánea por abuso de sustancias.
      • Pero a pesar de estos índices altos, entre el ochenta y tres por ciento (83%) al ochenta y nueve por ciento (89%) de las personas con enfermedades mentales en cárceles y prisiones no reciben atención médica.
      • Las personas con necesidades psiquiátricas graves tienen mayores probabilidades de ser víctimas de encuentros violentos y de ser alojadas en condiciones de aislamiento mientras están en prisión y con periodos de permanencia más prolongados.
      • Esta última conclusión se hace eco en los datos relativos a Nuevo México. En un estudio realizado por la Comisión de sentencias de Nuevo México sobre el efecto que tiene un diagnóstico de salud mental sobre el periodo de permanencia en las instalaciones de detención en los condados de Bernalillo y Doña Ana, se concluyó que recibir servicios de salud mental podía añadir como promedio 36 días más al periodo de permanencia de un acusado, mientras que los detenidos con un diagnóstico de una afección psicótica podían estar detenidos hasta 121 días más.
      • Estos días adicionales suman una cantidad significativa de dólares a los costos que pagan los contribuyentes de Nuevo México, incluso antes de que dichos delincuentes hayan sido puestos en libertad y estén en situación de reincidir.
• Como indica el informe del LFC mencionado anteriormente “investigaciones rigurosas han demostrado que algunos programas y estrategias reducen la reincidencia y mejoran la seguridad pública”. Los Tribunales de Drogas para adultos y los Tribunales de Salud Mental son dos de esos programas, y han demostrado una relación de beneficio-costo de $3 a $4 por cada dólar invertido. Estos programas fueron desarrollados como una alternativa a la costosa encarcelación repetida, conocida popularmente como puerta giratoria. En el programa se trata la adicción o enfermedad mental del delincuente, que es lo que impulsa la conducta delictiva reincidente; se le trata por un periodo de 9 a 12 o 14 meses, al mismo tiempo que se considera al delincuente responsable de sus acciones mediante pruebas frecuentes de detección de drogas (o control de la medicación para quienes tienen un problema de salud mental que se puede tratar médicamente), visitas con el agente de probatoria y audiencias judiciales; y se exige una conducta pro social tal como la reanudación de los estudios, servicio a la comunidad y empleo estable.
• Estos programas hacen posible que quienes han sido una carga fiscal pasen a ser contribuyentes. Se han realizado más estudios de investigación acerca de los tribunales de drogas que sobre el resto de los demás programas de justicia penal juntos. Los estudios han concluido que los tribunales de drogas surten efecto, que reducen el abuso de sustancias y la reincidencia y que son más económicos que la cárcel (en una relación de 3 a 1) o la prisión (en una relación de 5 a 1).

[1] Informe del Comité legislativo de finanzas “LFC Results First: Evidence-Based Programs to Reduce Recidivism and Improve Public Safety in Adult Corrections (Los resultados primero: Programas basados en la evidencia para reducir la reincidencia y mejorar la seguridad pública en instalaciones correccionales para adultos), julio de 2013
[2] Foro de líderes nacionales sobre Salud conductual/Servicios de justicia penal, “A Call to Action. Ending an American Tragedy:
Addressing the Needs of Justice-Involved People with Mental Illnesses and Co-Occurring Disorders” (Llamada a la acción. Acabar con una tragedia Americana. Abordar las necesidades de las personas involucradas con la justicia y que padecen enfermedades mentales u otras afecciones simultaneas), septiembre de 2009
[3] Fred Osher, MD; David A. D’Amora, MS; Martha Plotkin, JD; Nicole Jarrett, PhD; Alexa Eggleston, JD, “Adults with Behavioral Health Needs Under Correctional Supervision: A Shared Framework for Reducing Recidivism and Promoting Recovery” (Adultos con necesidades de salud conductual bajo supervisión correccional: Un esquema compartido para reducir la reincidencia y fomentar la recuperación,) Council of State Governments Justice Center, 2012

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